Por Carlos Medina Viglielm

Escribir es una forma de ser útil si consideras que nuestra sufrida humanidad debe ser más y mejor educada ante la increíble ignorancia que nos envuelve a todos, con excepción de los investigadores que buscan en las ciencias una respuesta satisfactoria. Es una palabra que implica en pocas letras su infinito contenido.
Fidel Castro Ruz

La opinión pública uruguaya ha sido sacudida en los últimos días, a partir de que los medios dieron a conocer un video en cuyas imágenes se ve como un numeroso grupo de funcionarios, de un centro de reclusión de menores, procede violentamente a la reducción de dos de ellos, ante la pasiva presencia de Joselo López, dirigente máximo del sindicato al que pertenecen los mencionados funcionarios y vicepresidente de la central única de los trabajadores, el PIT-CNT.

El maltrato a los reclusos (menores o mayores de edad), ha sido ya denunciado en otras oportunidades e incluso, ha sido motivo del señalamiento por parte de autoridades a nivel internacional. Las primeras reacciones de condena vinieron naturalmente de las organizaciones de defensa de los DDHH y de algunas personalidades en particular.

Pero (PERO con mayúsculas), la dirección del PIT-CNT, organización históricamente abanderada en la defensa de los DDHH demoró (increíblemente) la toma de posición y tras varios días de “análisis” del tema, resolvió suspender por el lapso de un mes en las funciones al vicepresidente, implicado en los hechos sin ninguna duda.

Joselo López fue obviamente uno de los primeros a quien pidieron explicaciones y él, para sorpresa de muchos, con mucha calma, en forma simple y al parecer totalmente sincera, argumentó que esa forma de reducción de menores en rebeldía (en el video se ve claramente que los dos menores en cuestión no ofrecen ninguna resistencia), “es lo que establece el protocolo, “normalmente se actúa así”.

Entonces hay algo (o mucho) en esta sociedad en que vivimos que evidentemente está muy mal. Y nos vienen a la memoria las recientes aunque muy reiteradas denuncias acerca de las aberrantes condiciones en que se mantiene a los enfermos psiquiátricos en los institutos Santín Carlos Rossi y la colonia Etchepare, verdaderos campos de concentración y por qué no, las denuncias de las brutales condiciones de reclusión en las cuales perdieron la vida 12 reclusos en el incendio de la cárcel de Rocha, el 11 de abril de 2011.

“Dani el rojo” el famoso ex asaltante de bancos español y ex presidiario convertido en escritor, que participa en estos días en la “Semana de la novela Negra” de Montevideo, fue muy claro al respecto: “para saber cómo está una sociedad, observemos las condiciones que tienen las cárceles y los institutos que alojan enfermos mentales”.

Muchos uruguayos nos hacemos otra vez la pregunta: ¿Cómo, aquellos que sufrieron en carne propia las terribles condiciones de reclusión en tiempos de la dictadura, pueden hoy, desde sus cargos en el gobierno y la administración del país, darle tan poca importancia a los derechos de quienes están privados de libertad o enfermos mentales?

Y digo muchos y no todos. Hay una gran parte de la población del Uruguay (como de muchos países), es evidente, que gracias a la aguda desculturización y desideologización, o no entienden o no les preocupa, o no les preocupa porque no lo entienden. Sé que molestaré a algunos mencionando otra vez la desideologización. Pero es bien sencillo. Es una cuestión de ideología. Unos pocos se aprovechan, acumulan riqueza en forma individual, y eso no se puede lograr sino gracias al perjuicio colectivo y en particular, gracias a la falta de conciencia de las mayorías.

Paulo Freire tenía esto muy claro cuando dijo que “Sería muy ingenuo esperar que las clases dominantes desarrollen una educación que permita a las clases dominadas, percibir las injusticias sociales en forma crítica”.

Las mayorías, las que mueven montañas, no son conscientes de su poder. Y hay quienes desde el poder se ocupan de que así sea. El “gran reformador” de la enseñanza en Uruguay (nombrado por Julio María Sanguinetti en el primer período presidencial posterior a la dictadura), Germán Rama, dijo una vez: “para qué quiere un albañil conocer al Quijote”…ahí está la esencia de la idea detrás de la estrangulación de la enseñanza pública y de la cultura en general. Bien dijo José Martí: “Ser cultos para ser libres”. Los empresarios capitalistas y los políticos a su servicio entendieron esto muy bien y desde hace casi cuarenta años en Uruguay (y en otros países) vienen atacando la enseñanza pública de una y otra manera, porque “los que son incultos serán esclavos (y no se darán cuenta)”.

Ahora bien. Aunque sea en forma intuitiva, las mayorías intentan que sus niños y adolescentes estudien algo “para no sufrir lo que han sufrido sus padres”. Eso significa una enorme fuente de ganancias para los empresarios, en la medida de que las aulas públicas estén, como están en muchísimos casos no solo en Uruguay, a la miseria: paredes despintadas, cielorrasos que se caen, vidrios rotos, aulas vetustas, frías o muy calurosas etc. etc. etc. ¿Qué hacen los padres? Tratan, con sus menguados sueldos, pagar la matrícula de los “institutos privados” de enseñanza. ¿Por qué entre comillas? Porque antes que institutos, son empresas donde el objetivo primario es el lucro y el segundo el filtrado o sesgado de los contenidos. Por supuesto que en esos “institutos” se cuidará muy bien de no generar individuos críticos al sistema o sea, habrá un control ideológico.

Antes la enseñanza pública sufría de carencias por la mezquindad de los gobernantes pero hace más o menos 40 años, los malos resultados de la enseñanza dejaron dejaron de ser la consecuencia secundaria de una mala gestión, para convertirse en un fin perversamente buscado.

¿Qué pasa con la salud pública? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Gracias al estrangulamiento económico de las instituciones de la Salud Pública, florecen las llamadas “mutualistas” y otras empresas parásitas como las que ofrecen “acompañantes”. Hay una cantidad de empresas privadas en Uruguay que se aprovechan de las carencias de personal en los hospitales, y ofrecen “acompañantes”. La cantidad de personas que alojan los hospitales y sanatorios se duplica con personal pretendidamente idóneo, lo cual va absolutamente en contra de los criterios mínimos de sanidad en esos hospitales o sanatorios, que otrora tenían –como debe ser y como es en la mayoría de los países desarrollados-, estrictos horarios para las visitas.

¿Qué pasa con la seguridad ciudadana? Hablemos en todo caso de lo que ocupa los espacios centrales en todos los noticieros y telediarios. ¿Cobrarán esas empresas de información un porcentaje por la promoción que hacen de la inseguridad? Porque cuanto más inseguridad hay, más ganan las llamadas “empresas de seguridad”, que han surgido por doquier como hongos después de la lluvia.

Volvamos al principio. ¿Se quiere realmente rehabilitar a las personas -menores o mayores-, que han cometido delitos? Si así fuera, ¿Porqué se mantienen en Uruguay las calamitosas condiciones de prisión para unos y para otros, esos lugares mugrientos de hacinamiento, esos vergonzosos tenderetes de andrajos en las rejas de las ventanas, esos patios oscuros en edificios que nunca fueron pensados para rehabilitar a nadie? ¿Es una cuestión de tiempo, de dificultades para la financiación de lugares idóneos? ¿O es otra cosa?

El estado de los centros de reclusión, (a más de diez años de gobierno del Frente Amplio), más la actitud del personal de custodia, pueden solo conducir a lo lógico que es que al quedar libres, aquellos salgan con mucho más encono, con mucha más furia, muchas más ganas de apropiarse de lo que les ha sido negado desde nacer, incluso la propia vida. Varios personajes de la política han mencionado ya más de una vez, el “cambio de códigos”, la “pérdida de valores” que demuestran los delincuentes. ¿Quiénes han perdido los valores? ¿Los delincuentes, o los que tendrían que intentar cambiar el curso de los acontecimientos?

No podía sorprender a nadie que Sanguinetti, Lacalle o Jorge Batlle cuando fueron presidentes, mantuvieran los centros de reclusión en las condiciones en que estaban desde antes de la dictadura. Pero sí sorprende que quienes pasaron por esos centros hayan llegado al gobierno y hayan hecho tan poco para cambiarlo.
Hace poco se anunció que en Uruguay habrá una cárcel privada. Eso parece indicar que la cantidad en ascenso de personas que delinquen puede, por otra parte, convertirse en un buen negocio.

Bajo el orden establecido en el cual vivimos, todas las necesidades básicas del pueblo -y que por ello debieran estar garantidas por el Estado-, pueden generar grandes ganancias a los empresarios: entre ellas la salud, la educación y la seguridad. Los políticos corruptos estrangulan económicamente la Salud pública, la Enseñanza pública y mantienen cierto porcentaje “estructural” de pobreza que “alimenta” los “centros de rehabilitación” y cárceles, todo lo cual hace florecer a las empresas parásitas, las empresas privadas de salud, las empresas privadas de enseñanza y las empresas de “seguridad”. Estas últimas tienen un doble objetivo: enriquecer a sus dueños y en su momento, pasar a formar parte de los grupos represivos en defensa del “orden establecido” cuando al fin las mayorías se den cuenta, de que en nombre de la democracia y la libertad, las han estado estafando descaradamente.

He aquí también la explicación del origen de los “opositores guarimberos” que actúan en los últimos tiempos en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador: los gobiernos de esos países han limitado mediante leyes, el poder de los empresarios, en beneficio de sus pueblos. Salvador Allende lo intentó. Por eso los empresarios, los políticos corruptos y las fuerzas armadas a su servicio fraguaron el golpe y lo asesinaron, según indicaciones de los mismos “ideólogos” que conspiran contra los países mencionados, desde los Estados Unidos de América.