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Por Adolfo Pérez Esquivel (Página/12, 17/5/16)

El gobierno democrático de Brasil cayó bajo la intriga palaciega de
diputados y senadores, la complicidad de sectores jurídicos y
empresariales. El Parlamento criminalizó un acto de gobierno público
y legal que habían utilizado otros gobiernos y, sin que hubiese un
delito comprobado -como exige la Constitución-, destituyó a Dilma
Rousseff.

Se aplicó la metodología de “Golpe de Estado Blando”, ya
experimentado en Honduras y Paraguay, abriendo una seria advertencia
a actuales y futuros gobiernos del continente que intenten ampliar
márgenes de soberanía y aumentar la distribución de ingresos hacia
los pueblos.

En mi reciente viaje a Brasil pude hacer lo que varios organismos
internacionales no pudieron: me reuní con la presidenta, los
senadores oficialistas y opositores, con el presidente del Supremo
Tribunal Federal, el Secretario General de la Conferencia Nacional de
Obispos y los movimientos sociales. Los detalles los publiqué en
Folha de S. Paulo. Esto me permitió una mirada lo suficientemente
amplia de lo que ocurre allí como para saber que hay sectores que no
tienen intenciones de resolver la actual crisis política y económica,
sino navegarla para dirigirlo todo, sin más permiso que el que ellos
mismos se otorgaron.

Luego del desplazamiento de la presidenta, el Secretario General de
UNASUR dijo que “pone en riesgo la estabilidad democrática de la
región”; el de la OEA consideró que genera “inseguridad jurídica” y
elevó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; El
Salvador desconoció al gobierno interino y llamó a su embajadora; los
países de la alianza ALBA integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua,
Ecuador y Bolivia dijeron que se trató de un “golpe”; y Chile y
Uruguay mostraron su “precupación”.

El primer gobierno en reconocer el golpe y pedir que se “respete el
proceso institucional” fue el de Mauricio Macri, en sintonía con el
pedido de la administración de Barack Obama de “confiar en las
instituciones brasileras”.

Domesticar a gobiernos y recolonizar América Latina es el objetivo.
Lo que la derecha no logra conseguir por las urnas, buscará
alcanzarlo mediante la destitución ilegal de presidentes, la
privatización de empresas del Estado, y la entrega de recursos
naturales.

No soy de creer en las casualidades. Según documentos revelados por
Wikileaks, el actual depositario de la presidencia, Michel Temer, fue
colaborador de la inteligencia norteamericana entregando documentos
sensibles a su embajada. Y la actual Embajadora de Estados Unidos en
Brasil es la misma que estaba en Paraguay cuando se realizó el golpe
destituyente a Lugo.

Por su parte Temer ya anunció sus próximas medidas económicas no
votadas por el pueblo de Brasil: aumentar impuestos, “privatizar todo
lo que se pueda” (sic), y reducir el gasto público y social. Para eso
conformó un gabinete que confirma sus prioridades: no hay ninguna
mujer, ningún indio, ni mulato. Todos hombres blancos y millonarios.
Incluyendo al mayor vendedor de soja del mundo como responsable del
Ministerio de Agricultura, y muchos involucrados en graves casos de
corrupción que se supone vinieron a combatir.

Ninguna Democracia ni gobierno electo es perfecto. Pero no podemos
permitir que grupos conspiradores violen la Constitución en nombre de
su defensa. Toda Democracia es perfectible si cuenta con
participación social. Hoy está en cuestionamiento la democracia
delegativa, donde el pueblo vota, queda por cuatro años en estado de
indefensión, y los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que
deben. El desafío actual es pasar a la democracia participativa,
donde la sociedad decida sobre los grandes problemas que afectan al
país, en vez de los grandes núcleos de poder económico internos y
externos. A los pueblos de Nuestra América nos queda la resistencia
social, cultural y política para defender los derechos de todos,
incluidas nuestras democracias.

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