Etiquetas

,

Dilma y silla vacía

Por Francisco Herranz

Consciente de que la derrota en la batalla era ya inevitable, Dilma Rousseff hacía ya las maletas en el Palacio de Planalto antes incluso de que se conociera el resultado de la votación que la apartaba del cargo por los senadores.

Ha sido obligada a abandonar temporalmente —por un periodo máximo de 180 días— sus funciones, pero todos saben, incluida ella misma, que su tiempo ha terminado porque, en el caso improbable de que no prosperara el juicio político y volviera a la Presidencia, no será capaz de gobernar el destino del país con casi todo el Parlamento en contra.

La acusan de un “delito de responsabilidad fiscal”. En otras palabras, de haber maquillado las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios pidiendo dinero a grandes bancos públicos. No es la primera vez que un jefe del Estado hace ese tipo de maniobras fiscales irregulares. Antes no tuvo tantas consecuencias.

Dilma es pues una cabeza de turco, un chivo expiatorio que debe pagar un precio desproporcionado por estar justo en medio de este marasmo de traiciones, intrigas y escándalos en que se ha convertido la política brasileña. Quienes la juzgan tienen muy poca autoridad moral para hacerlo, pero no les importa.

El proceso de ‘impeachment’ o destitución presidencial ha sido dudoso y muy discutible, ha estado lleno de irregularidades y ha sido conducido por personajes acusados de corrupción. Todos los ingredientes necesarios para provocar una protesta internacional, especialmente de los países vecinos, muy preocupados por la situación convulsa que se vive en Brasil.

Lea también: Brasil advierte responder con severidad a las críticas sobre el ‘impeachment’

En otro contexto más favorable, Dilma se habría salvado de la quema porque la acusación contra ella no se fundamenta en un caso de soborno o de cohecho, dos delitos mucho más graves que el esgrimido por los legisladores. De hecho, ella ha salido indemne en el principal escándalo de corrupción y lavado de dinero, conocido como Operación Lava Jato, dirigido por el juez federal Sergio Moro, al que ya le han dedicado un libro que se vende con el subtítulo: ‘El hombre detrás de la operación que cambió a Brasil’.

Por cierto, Moro merece un comentario en este análisis. El magistrado ha desempeñado un papel excesivamente político en toda esta crisis de “ingredientes novelescos”, como la ha llegado a calificar el diario O Globo.

Moro admite que se ha inspirado en el juez italiano Antonio Di Pietro, famoso por descubrir en 1992, gracias al proceso judicial Manos Limpias, una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales. ¿Les suena?  Parece correcto, pero resulta que Moro ha intervenido en momentos muy calculados y de una forma milimétrica y casi maquiavélica. Como cuando difundió a la prensa unas comprometedoras escuchas telefónicas entre Dilma y su mentor, el expresidente Lula da Silva.

No es extraño que la figura de Moro, convertido en “héroe nacional”, esté ya tan politizada que su nombre aparezca en las encuestas de las próximas presidenciales fijadas para 2018.

En general, la Justicia ha tenido un papel muy activo en la crisis y no siempre ha puesto el suficiente orden en la casa.

¿Y ahora qué va a ocurrir? “La crisis no se va a resolver porque se vote a favor del impeachment”, sostiene Luis Tejero, un avezado consultor político español que trabaja en Río de Janeiro. Efectivamente, el proceso de destitución solo va a servir para dejar abiertas profundas heridas sociales y para polarizar aún más si cabe la sociedad.

A corto plazo no solucionará nada. Lo empeorará. Algunos brasileños con mucho ingenio y no poca burla subrayan que el nombramiento de Michel Temer como sustituto interino de Dilma es “cambiar seis por media docena”.

Brasil se asoma al abismo, sumergido en una inaudita recesión económica, la peor desde 1930, y ante el riesgo real de una ruptura democrática. Parece una tormenta perfecta, a la que se suma la compleja situación provocada por el brote del virus Zika.

El ‘blitzkrieg’ político de la derecha se ha consumado. Su ansia de revancha se ha saciado. Y en este momento amenaza con desmantelar importantes avances conseguidos en estos años. Los conservadores perdieron las cuatro elecciones precedentes y ahora han tomado un atajo avivado por el pésimo contexto financiero y por los errores de gestión cometidos por el Partido de los Trabajadores (PT).

Algunos de esos miembros del centro-derecha llevan desde hace dos años buscando cualquier excusa para echar a Dilma, quien fue reelegida entonces con 54 millones de votos. Por ejemplo, ya en la noche electoral de 2014 el candidato opositor Aécio Neves quería impugnar los resultados. El papel de la oposición a Dilma durante todo este tiempo ha sido sinceramente lamentable.

El cambio de gobierno hace presagiar ajustes draconianos y leyes de corte antisocial. Temer tiene tendencias liberales. Su partido —el PMDB— carece de ideología concreta y se mueve por puro oportunismo político. Solo así se entiende que antes apoyara a petistas y comunistas, y que ahora encabece un gabinete conservador con ministros de extrema derecha. Dentro de la Cámara de Diputados, el nuevo Ejecutivo posee –y necesita– el apoyo de la llamada Bancada BBB —Buey, Biblia y Bala—, que aglutina los intereses de terratenientes, evangelistas y quienes promueven la liberación de las armas de fuego, es decir, grupos nada progresistas.

Los próximos meses se presentan agitados. Los sindicatos, los petistas y sus aliados comunistas se echarán a la calle para denunciar lo que parece a todas luces un golpe blanco parlamentario. Afortunadamente no se esperan unos Juegos Olímpicos violentos porque el pueblo brasileño suele apoyar este tipo de celebraciones deportivas. Sin embargo, al equipo de Temer, con una nula legitimidad ciudadana, le espera una movilización popular larga y contundente, que puede derivar en violenta.

El serio deterioro institucional está teniendo, además, efectos perniciosos en el plano internacional. El viciado proceso de destitución de Dilma ha provocado una profunda inquietud en toda América Latina, donde aumentan las voces que hablan de la necesidad de activar la cláusula democrática de Mercosur y expulsar así a Brasil de ese foro regional por haber quebrado los códigos mutuos de democracia. Ya se hizo en Paraguay hace cuatro años, cuando el Parlamento destituyó al presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político.

Brasil se encuentra en una encrucijada. La crisis política ha debilitado la salud de su joven democracia y la recesión económica se ha convertido en un catalizador de ese mal.

Es tiempo de catarsis. El PT debería reconocer que Dilma Rousseff no dirigió el país con la suficiente eficacia. Para ganar los comicios de 2018 —si no se convocan antes—, el partido de Lula tendrá que corregir los errores que facilitaron la posibilidad de que la derecha vuelva a ser la protagonista fundamental de la vida política brasileña.

“Para Lula, ha comenzado ya la campaña electoral, aunque quizás no se presente porque está desgastado de salud”, pronostica Tejero.


Anuncios