#Brasil: Importante etapa hacia el golpe en Venezuela

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Un juez brasileño: “Sí, estamos
ante un golpe de Estado”

Así de tajante se muestra en esta entrevista el magistrado André Augusto Bezerra, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, en relación al juicio político al que se enfrenta Dilma Rousseff. La “falta de un crimen de responsabilidad” y los “indicios de desvío de finalidad” del ‘impeachment’ son sus principales argumentos.

Imagen del juez Andre Augusto Bezerra

Imagen del juez Andre Augusto Bezerra

SAO PAULO.- El presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, André Augusto Bezerra, explica a Público cómo la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a un juicio político “no por un crimen de responsabilidad” y sí por la pérdida de apoyo parlamentario, un motivo insuficiente para derribar a un mandatario en un sistema presidencialista.

¿Se puede decir que el ‘impeachment’ al que se enfrenta Dilma Rousseff es un golpe de Estado?

Si entendemos que un golpe de Estado supone una toma del poder ilegítima, fomentada por agentes del Estado y en torno a un proyecto político-económico, sí que podemos decir que estamos ante un golpe. No hay ningún crimen de responsabilidad que se le pueda atribuir a la presidenta Dilma, lo que hay es un pretexto jurídico para derribarla, que ha sido planeado por grupos de la oposición desde que ganó las elecciones de 2014. Por lo tanto la toma de poder capitaneada por el vicepresidente de la República y la oposición, con apoyo del Parlamento es ilegítima y organizada por agentes del Estado. Con Dilma fuera del Gobierno se pretenden aplicar una serie de reformas neoliberales, anti sociales, que difícilmente habrían salido adelante con un presidente elegido por el voto popular. Por lo tanto alrededor del golpe hay un proyecto político y económico.

Algunos juristas se niegan a hablar de golpe porque dicen que con crimen de responsabilidad el ‘impeachment’ sería un instrumento jurídico contemplado en la Constitución.

El impeachment está previsto en la Constitución, como también lo están otras medidas excepcionales como el estado de sitio. El que esté contemplado no quiere decir que sea apto para hacer efectiva la aplicación de la medida. La Constitución exige que haya un crimen de responsabilidad para hacer el impeachment y no hay nada definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la presidenta. Las “pedaladas fiscales” (uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del Gobierno) no son un crimen, incluso son una práctica frecuente en los gobiernos de diversos estados del país, y ninguno de ellos ha sufrido ni una sola sanción por ello.

¿Salir de la presidencia del Gobierno por las ‘pedaladas fiscales’ sería un castigo desproporcional?

Sin ninguna duda. Se están confundiendo actos reprobables o actos ilegales con actos criminales. Pero el pretexto de la “pedalada fiscal” demuestra mucho más. Lo que dice es que hoy en día la cuestión presupuestaria aparece como la principal preocupación de los Estados. Los derechos humanos y la participación popular en la gestión pública se encuentran en un segundo plano. Éste no es un problema exclusivamente brasileño, sino de la mayoría de las democracias representativas y que está generando una gran desconfianza en el sistema, como lo vemos hoy en países de todo el mundo.

El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, dijo que este ‘impeachment’ sería un acto de “venganza”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?

No sé si es un acto de venganza, no sé si la política brasileña trabaja con este concepto. Lo único que está muy claro es que se trata de una toma del poder desprovista de amparo jurídico.

¿Cuánto pesa lo político en relación a la formalidad jurídica del proceso?

En el derecho brasileño el impeachment es un juicio mixto: político y jurídico. Debe seguir los requisitos jurídicos que piden que haya una existencia concreta de crimen de responsabilidad y el procedimiento debe seguir los respectivos procesos legales. A su vez el juicio se produce en el Senado, que sería la parte política. De este modo el peso político debería equilibrarse con el peso jurídico. Pero en el caso de la presidenta Dilma Rousseff esto no ocurre. Lo que vemos es que prevalece de manera desproporcional el aspecto político. Al final de cuentas están haciendo de la pérdida de apoyo parlamentario, algo que es un hecho habitual en los sistemas presidencialistas y que debería resolverse a través del diálogo entre poderes, el principal motivo de pérdida del mandato de una presidenta elegida democráticamente por el pueblo.

¿Se están cumpliendo adecuadamente los ritos del proceso?

No. No hay un crimen imputado a la presidenta de la República, por lo tanto no se están cumpliendo adecuadamente.

Las conversaciones telefónicas que salieron a la luz en mayo entre el expresidente de Transpetro, Sergio Machado, y el exministro de Temer, Romero Jucá, decían que el Tribunal Supremo “ya estaba al tanto de todo” y que estaría “de acuerdo con el ‘impeachment’”. ¿El Tribunal Supremo en Brasil es independiente?

En teoría el Tribunal Supremo Federal es independiente. Hasta ahora la nominación de sus respectivos miembros la realiza el Ejecutivo y es aprobada por el Senado. Los criterios de elección de sus jueces no suele ser claro; en realidad no hay mucha transparencia en ese proceso. Creo que la sociedad civil debería tener una participación más activa en la selección de sus miembros.

En estas mismas conversaciones se hablaba como si se tratara de un complot para acabar con Dilma y evitar las investigaciones de Lava Jato. Jucá decía que había que “sacar a Dilma para evitar la sangría de las investigaciones”. ¿Estas declaraciones no serían un argumento para frenar el proceso contra la presidenta que aparece como algo orquestado?

Sí, deberían ser un freno. Hay indicios de que hay un desvío de finalidad en el proceso. En otras palabras, se utilizaría esta medida contemplada en la Constituución, pero no con los fines previstos en la Constitución. Cuáles serían esos fines, todavía no está claro, la Historia lo esclarecerá. Por ahora lo único seguro es que todo lo que está sucediendo viene de la mera falta de apoyo parlamentario, lo que en un régimen presidencialista no permite la salida de un jefe del ejecutivo.

¿Qué legitimidad tienen los senadores que van a juzgar a la presidenta cuando un 40% de ellos está acusado de escándalos de corrupción?

El hecho de que senadores acusados de corrupción sean los que juzguen a una presidenta que no está formalmente acusada de corrupción, mancha todavía más la legitimidad del proceso. Hay que recordar que la denuncia del impeachment la hizo el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien está apartado de sus funciones por serias denuncias de corrupción que pesan contra su persona.

¿Qué tipo de precedentes puede sentar este ‘impeachment’ para el país? ¿A partir de ahora será más fácil sacar a un presidente del poder?

El precedente de que la mera pérdida de apoyo parlamentario pueda derribar presidentes democráticamente elegidos. En Brasil ya no hay ninguna seguridad jurídica para salvaguardar el voto popular, éste será siempre rehén de la conveniencia parlamentaria.

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