#Macri endurece la política migratoria de Argentina

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Tras los pasos de Trump

El decreto firmado por el presidente del país latinoamericano prohíbe el ingreso y retira los permisos de residencia de los extranjeros que arrastren antecedentes penales con penas de cárcel o que hayan sido condenados a prisión.

Macri endurece su política migratoria en Argentina / REUTERS

BUENOS AIRES. – El receso parlamentario durante el verano austral de Argentina permite al presidente de este país, Mauricio Macri, legislar mediante decretos presidenciales que entran en vigor de manera automática hasta que el Congreso regrese a sus funciones.

El Poder Ejecutivo puede recurrir a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) “sólo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios” previstos para la sanción de leyes, indica la Constitución argentina.

Esta urgencia es la que ha interpretado el Gobierno argentino con respecto a la Ley de Migraciones que aprobó el Parlamento en diciembre de 2003 para endurecer la normativa a través de un DNU vigente desde el pasado lunes.

El decreto firmado por Macri prohíbe el ingreso al país y retira los permisos de residencia de los extranjeros que arrastren antecedentes penales con penas de cárcel o que hayan sido condenados a prisión, así la sentencia no sea firme.

“Serán causas impIdientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (…) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”, estipula el DNU.

Las mencionadas “leyes argentinas” no sólo abarcan el Código Penal, sino también los códigos contravencionales de cada provincia que contemplan penas de prisión para según qué delitos menores.

No hay consideraciones con respecto al tiempo que un inmigrante lleve residiendo legalmente en Argentina, o de qué delito haya sido acusado.

De hecho, cualquier sentencia condenatoria en firme “operará automáticamente cancelando la residencia cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y llevará implícita la expulsión”, añade el decreto.

El Poder Judicial, que hasta ahora regulaba las expulsiones de los extranjeros, cede esa prerrogativa al Ministerio del Interior, que a través de la Dirección Nacional de Migraciones será quien cancele las residencias otorgadas y ordene expulsar a los inmigrantes con condenas.

Por eso la Justicia deberá informar a Migraciones “de todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de cinco días hábiles de producido”.

Este organismo también tendrá la potestad de hacer excepciones, a discreción y “por razones humanitarias o de reunificación familiar”, con aquellos inmigrantes que hayan cometido un delito de carácter culposo o que bien hayan sido sentenciados a una pena de cárcel inferior a los tres años.

Dado que hasta ahora las órdenes de expulsión tardaban hasta siete años en ser tramitadas, el Gobierno también decidió agilizar los plazos para que el proceso no dure más de dos meses, según confirmó a Público el subdirector de Migraciones Julián Curi.

Criminalización de los migrantes

En su apremio por concretar esta reforma legislativa, el Ejecutivo destacó en su decreto que el 21,35 % de los presos federales provienen de otros países, y que también son extranjeros el 33 % de los encarcelados en el ámbito federal por vulnerar la Ley de Estupefacientes, cuando sólo el 4,5 % de la población de Argentina es foránea, según el último censo nacional de 2010.

El DNU de Macri omite que el universo de la población penitenciaria de Argentina (71.464 personas) multiplica casi por siete la alojada en las cárceles federales, donde había 10.521 presos hasta abril de 2016. El mandatario también elude mencionar que sólo el 6 % de todas las personas en prisión es extranjera.

La infracción de la Ley de Estupefacientes 23.737, que contempla penas privativas de libertad de entre tres y seis años, es en realidad la tercera causa de encarcelamiento en el país, por detrás de los robos y los homicidios dolosos.

Los detenidos por vulnerar la ley de drogas constituyen el 11,2 % de toda la población penitenciaria, y de todos ellos, el 18 % son extranjeros frente a un 82 % de argentinos, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Es decir, de los 8.001 detenidos por infringir la ley de Estupefacientes, 1.424 son extranjeros. De este último segmento, 454 son paraguayos, lo que equivale al 32 % del total de personas de esta nacionalidad detenidas en Argentina. También por este motivo fueron arrestados 301 peruanos (39 %) y 295 bolivianos (40 %).

Sin entrar en tantos detalles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló la semana pasada que había que “ordenar” la inmigración proveniente de Paraguay, Perú y Bolivia dada su conexión con el narcotráfico. “Vienen ciudadanos peruanos y paraguayos que se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”, dijo.

Si se trata de porcentajes, el 85 % de todos los ecuatorianos detenidos en el país (11 personas), el 80 % de los sudafricanos (8), y el 55 % de los españoles (18) lo están por violar la Ley de Estupefacientes.

La ministra de Seguridad tampoco mencionó que sólo una de cada tres personas privadas de libertad por supuestamente vulnerar esta normativa tiene condena, según reconoce el Ministerio de Justicia.

Tendencia peligrosa

“Esta política restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria”, alertó este lunes Amnistía Internacional al conocerse el DNU de Macri.

Al decreto también se han opuesto otras cinco organizaciones argentinas de derechos humanos. “Hace años que la asociación entre migrantes y delito es utilizada por los Gobiernos, siempre con los mismos fines: instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes y, al mismo tiempo, mostrar un supuesto compromiso con la prevención del delito que evita abordar los problemas graves de seguridad y violencia”, señalaron hace unos días.

La reforma migratoria de Macri, en resumen, “es la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”, según la advertencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y OTRANS Argentina.

Al estilo europeo, pero en un país que históricamente ha sido receptor de inmigrantes, el Gobierno ya dio los primeros indicios de cuál sería su enfoque en política migratoria al habilitar en septiembre de 2016 un centro exclusivo de detención para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.

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