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Prensa Latina – CARACAS.- La violencia impuesta por sectores de la ultraderecha en Venezuela obligó al gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro a la aplicación de la segunda fase del Plan Zamora, que busca proteger la estabilidad de la nación.

Este esfuerzo mancomunado entre diversos servicios de seguridad nacional, comprometidos con la salvaguarda del pueblo, logró evitar que las acciones vandálicas de estos grupos neofascistas tengan consecuencias mayores.

A su vez, los resultados de estos operativos permiten tener una visión mucho más clara de la realidad que hay detrás del accionar de estas bandas armadas, financiadas por partidos políticos de oposición, que se escudan en las manifestaciones de protestas, para generar el caos, la destrucción, e incluso la muerte.

Ya no quedan dudas de que ese escenario de miedo y pánico para desestabilizar al país es la condición indispensable de la oposición para ejecutar el plan golpista que busca derrocar por la fuerza al gobierno bolivariano, violencia que hasta ahora cobró la vida de más de 60 personas en apenas dos meses.

Las más recientes detenciones de cabecillas de grupos violentos, permitieron corroborar, a partir de sus confesiones, los estrechos vínculos de estos criminales con los líderes opositores que instigan a la violencia.

Uno de los casos más significativos fue la detención, a mediados de mayo, del ciudadano Nixon Alfonso Leal, vinculado directamente con el partido opositor de extrema derecha Primero Justicia, quien estuvo involucrado en el plan La Salida, que activó ese grupo en el 2014 y que dejó como saldo 43 personas muertas.

Este ciudadano, de extenso historial terrorista, era el responsable de la insurgencia armada que operaba en las zonas capitalinas de Altamira, Chacao y Bello Monte, en el este de Caracas, y que logró articular grupos armados en Catia, al oeste de la ciudad capital.

También se logró incautar material bélico, que incluye uniformes militares, explosivos, armas y municiones, así como depósitos donde se construyen armas artesanales, entre ellas las conocidas bombas molotov.

En otros focos de violencia hacia el occidente de esta nación sudamericana –también generados por los partidos de derecha–, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tuvo que enfrentar a grupos paramilitares procedentes de Colombia, que operan en la zona fronteriza entre ambas naciones y se ocupan del tráfico ilegal de armas y abastecimientos destinados a los grupos violentos.

Esta ruta fronteriza, además, es la que sirve como vía de abastecimiento de las drogas que entran a Venezuela –según el resultado de pesquisas oficiales– para ser distribuidas entre los participantes en las acciones vandálicas en varios puntos de la geografía venezolana, entre ellas el Captagon, una sustancia prohibida conocida como la «droga yihadista», por ser empleada y producida por el grupo terrorista Estado Islámico, en Siria e Irak.

Los resultados de estas acciones van más allá de cualquier reclamo político o social.

La destrucción de negocios, oficinas e instalaciones públicas, la profanación de tumbas y el asesinato a mansalva, incluida la quema de seres humanos vivos, denotan la calaña de estas bandas armadas que la gran prensa insiste en presentar como manifestantes «pacíficos».

Pero la ultraderecha venezolana persiste en lograr el poder a toda costa, y como no logra acumular los votos necesarios en las urnas, no tiene más remedio que desempolvar sus agendas fascistas y apelar a estas prácticas terroristas, que ya empezaron a tener respuesta de parte del pueblo venezolano.

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