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Violencia focalizada pero constante. Jóvenes asesinados, secuestros, amenazas, saqueos, incendios. El chavismo responde en las calles y en paz; presentó las bases del debate y puso fecha a las elecciones.

Al llamado a una Asamblea Constituyente la extrema derecha respondió con violencia. Una nueva fase del terrorismo se abrió tras la convocatoria del gobierno bolivariano. A la violencia en las calles con muerte y saqueos se sumaron acciones armadas, ocupación de edificios públicos y privados y la toma de barrios y espacios abiertos.

La derecha perdió batallas en pocas semanas: las denuncias de ilegalidad de la convocatoria constituyente, su falso compromiso con el diálogo y, más determinante aún, su convocatoria a los militares a dar un golpe contra el presidente Nicolás Maduro. Otra de sus banderas ardió cuando el 23 de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios para gobernadores y consejos regionales el 10 de diciembre próximo.
Al extremismo le quedó entonces subir el grado de la violencia utilizada hasta ahora: tomar barrios, asesinar policías y civiles y responsabilizar al Gobierno por la muerte de medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes.

Maduro ordenó dispersar las manifestaciones violentas sólo con agua y gases. También indicó dejar de usar pistolas con municiones de plástico. Ninguna fuerza utilizará armas letales o que pueda provocar lesiones irreversibles a la población. El objetivo es aislar la insurrección armada, los movimientos extremistas, y la violencia nazi fascista.

El Gobierno apeló insistentemente al diálogo y a la paz para frenar la confrontación armada más grave en 18 años de Revolución Bolivariana. El jefe de Estado alertó con claridad el 21 de mayo en su programa Los Domingos con Maduro: “en Venezuela estamos enfrentando una grave agresión, una grave amenaza fascista”. Insistió en que “Venezuela debe tener consciencia (de que) fuerzas violentas han tomado el camino del odio, de la intolerancia, de la destrucción generalizada”.

Para ese día las cifras oficiales señalaban que el plan violento accionado desde comienzos de abril dejó más de 50 personas fallecidas, más de 900 lesionados; daños millonarios a bienes públicos y privados; más de 1.200 comerciantes resultaron afectados y más de mil locales sufrieron destrucción, saqueos y violencia; más de 120 unidades de Metrobus fueron destruidas en todo el país (luego fueron quemadas otras 53); el servicio del Metro Caracas amenazado, el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle fue quemado y al Materno Infantil de Carrizal, en el Estado Miranda, fue asediado. También fueron atacados bibliotecas, escuelas y distintos espacios públicos y privados.

Maduro describió que las acciones han tenido como principal foco al municipio Chacao, en el Estado Miranda, donde “han anidado a un grupo de delincuentes que bajo efectos de drogas, odio y desprecio por la vida han hecho estragos por varias semanas. Han matado jóvenes venezolanos de sus propias filas, con chopos, metras y rolineras”.

Alertó que “una corriente política nazi-fascista basa su ideología en el desprecio, la persecución, el odio por razones ideológicas, políticas, raciales, sociales (que) ha infectado el sentimiento y el pensamiento en miles de compatriotas, que se creen con el derecho a perseguir a otros compatriotas por el simple delito de ser venezolano o de ser chavista o de ser revolucionario”.

Violencia muy grave
El 20 de mayo en el municipio Chacao resultó quemado y apuñalado el joven Orlando José Figuera, confundido en medio de una manifestación opositora. De manera simultánea se realizaron varios allanamientos que dejaron cerca de dos decenas de detenidos entre integrantes del partido Voluntad Popular y jóvenes reclutados con dinero para ejercer la violencia en las calles. Fueron decomisados camiones de bombas molotov, gasolina, guantes, metras, cohetones, máscaras antigas y escudos. También fueron detenidos los acusados de quemar 53 autobuses en una sola noche y de participar de la acción en la que fue atacado Figuera.

El Presidente ordenó también el despliegue de dos mil efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas especiales en el Estado Táchira después de que se produjera un ataque “sin precedentes” de civiles contra instalaciones militares y policiales. El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, alertó que “la ola de violencia en Táchira raya la insurgencia armada”.

El 16 de mayo el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que fueron detenidos seis “paramilitares colombianos” en Táchira, que usaban uniformes de la GNB y que “la derecha terrorista ha contratado para que se involucren en estos actos violentos”.

Algunos barrios del Estado Táchira, zonas en el este de la ciudad de Caracas y calles de la localidad de San Antonio, a 15 kilómetros de la capital del país, mostraban imágenes elocuentes de la nueva fase golpista. Ataques a gasolineras, amenazas a los conductores de buses para que no salgan a trabajar y secuestro de funcionarios públicos. Testigos de estas acciones reportaron para América XXI ataques a personas, incendios, golpes a personas a las que consideran infiltradas en las marchas opositoras; ataques a policías y a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana; atentados en los centros comerciales.

El lema de estos grupos es “calle sin retorno”, amparados en el apoyo interno y externo. El objetivo es provocar a las autoridades y contagiar a otros sectores críticos para que se sumen a la violencia. El recrudecimiento de la insurgencia armada hizo ver que algunos sectores de la comúnmente llamada oposición se apartaron de los partidos más violentos aunque no lo digan públicamente porque sería asumir la derrota. Las acciones son constantes en manos de gente bien entrenada pero es patrimonio de unos pocos ya identificados por las autoridades.

“Encapuchados mandan en San Antonio de los Altos, un suburbio ubicado a unos 15 kilómetros de Caracas, la capital venezolana”, escribió el 18 de mayo Víctor Hugo Majano para el periódico Ciudad Caracas. “En los últimos cuatro días la ciudad no ha recibido nuevas provisiones de alimentos ni de bienes esenciales, tampoco combustible ni suministro de agua. La libre movilidad está restringida”, detalló.

“Quienes mantienen cercado y aislado el municipio son jóvenes de entre 17 y 34 años, sin filiaciones partidistas formales, pero con un literal odio (así lo declaran) al chavismo y al presidente Nicolás Maduro”, relató.

Estado de excepción

Frente a esto, desde el 13 de mayo rige en todo el territorio venezolano y por 60 días el estado de excepción que busca “preservar el orden interno”. La medida fue decretada por el Presidente Maduro ante “el asedio contra la recuperación de la economía venezolana” y por la “actitud hostil” de la derecha que llamó “desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas”.

Por esos días el jefe del Estado responsabilizó al diputado opositor presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges de ir a Estados Unidos para organizar planes de agresión. “Sostuvo reuniones con los más altos representantes encargados del aparato militar. Fue a convalidar los planes de agresión interna y externa contra nuestra Patria”, manifestó.
Reportes en el exterior y violencia en el interior, ejes de una misma reacción ultraderechista que parece no dispuesta a retroceder. La Revolución Bolivariana no abandona sus históricas banderas: cohesión gubernamental, movilización popular, debate constituyente y respuestas en paz. La situación ha llegado a un punto tal que no hay salidas intermedias: una de las dos posiciones se impondrá.

Tomado de América XXI

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