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Constituyente y salida pacífica de la crisis o ascenso de la espiral de violencia. Tras el fracaso de la OEA, el 30 de julio habrá elecciones para revitalizar el camino popular y socialista.

Venezuela vivió en junio la ratificación de los únicos dos caminos que hoy son posibles para su futuro: avance hacia la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el gobierno o aumento de la violencia para desestabilizarlo, como pretende la oposición. La primera opción abre las urnas para intentar canalizar las diferencias y críticas mediante la vía participativa y electoral, mientras que la segunda conduce al callejón sin salida de los enfrentamientos internos, con riesgo de terminar en guerra civil.

Es cierto que en este cuadro de polarización y tensión extrema, sectores que formaron parte del gobierno y se reivindican como chavistas intentan anunciar la formación de un tercer espacio, pero sin tomar definiciones político-ideológicas ni económicas. Su punto de encuentro es el rechazo a la ANC, para lo cual lanzaron el grupo Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, alrededor de la fiscal Luisa Ortega.

Sin embargo, no existe por el momento esa tercera vía. Los escasos posicionamientos de este grupo no difieren de los de la coalición opositora de la derecha (MUD). Ambos califican la convocatoria constituyente hecha por Maduro como “inconstitucional”, porque no llamó a una consulta popular previa, pese a que el artículo 348 establece que: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”.

Lo que está detrás de estas críticas superficiales es el temor a una radicalización del proceso revolucionario, expresada en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón: “En Venezuela vamos hacia el comunismo con la constituyente de Maduro”, denunció. Llamativamente sectores autodenominados de izquierda se suman a esta posición.

Retorno a las bases

Maduro explicó en mayo que la ANC fue convocada “para buscar la paz y derrotar a los violentos y fascistas, y cambiar todo lo que se tenga que cambiar; para renovar la revolución y para enfrentar la corrupción, el burocratismo, el atraso y todo lo que está mal hecho”. Argumentó que ante la negativa al diálogo de los partidos opositores, la única salida a la crisis es darle “más poder al pueblo” y el instrumento que lo permite es la constituyente.

Pese a la enorme presión internacional ejercida para que diera marcha atrás con la iniciativa, el Gobierno pisó el acelerador a fondo para garantizar el proceso constituyente y frenó la operación montada desde la OEA. Al regreso de la cumbre de Cancún, y luego de otra enorme victoria diplomática, Delcy Rodríguez dejó la Cancillería para ser candidata a la ANC.

También dejaron sus cargos para postularse el ministro de Trabajo Francisco Torrealba y la ministra de la Presidencia Carmen Meléndez, que acompañarán al vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, al ex constituyente y ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez y Cilia Flores, esposa de Maduro y militante revolucionaria de la primera hora, entre otros candidatos. Los nombres demuestran que la apuesta política por la constituyente es total.

Entre los objetivos de base planteados para la ANC se destacan: reafirmar los derechos sociales, educativos y culturales alcanzados; ampliar el sistema económico; constitucionalizar las misiones, comunas y consejos comunales; reformar el sistema judicial y penitenciario; defender la soberanía y ganar la paz. Una vez electos los constituyentes, el propio debate y su apoyo popular determinarán el grado de profundidad de las transformaciones propuestas, especialmente en lo que respecta al Estado y la economía, desde donde los empresarios atacan con virulencia al grueso de la población.

El 21 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó la admisión de 6.120 candidaturas, de las cuales 3.546 corresponden al ámbito territorial y 2.574 a postulantes por alguno de los ocho sectores sociales. Ninguno de ellos puede ejercer un cargo público mientras dure la ANC, que estará formada por 545 miembros.

Las elecciones del próximo 30 de julio son inéditas en el país por la cantidad de candidatos presentados y, sobre todo, porque quienes se postulan son en su gran mayoría personas avaladas por sus vecinos, compañeros de trabajo o estudio, desconocidos a nivel nacional pero verdaderamente representativos de la población.

El contexto y las muertes

Desde el primer día de abril, la MUD mantiene llamados prácticamente diarios a marchar, protestar y desconocer al Gobierno hasta “acabar con la dictadura”. Durante los últimos tres meses casi todas estas manifestaciones culminaron con hechos violentos, destrucción de infraestructura pública, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques a personas señaladas como “chavistas” o que simplemente no responden a sus directrices.

En base a diversas fuentes, se pueden contabilizar hasta 92 muertes desde el 6 de abril hasta el 22 de junio, vinculadas al contexto general en el que se desarrollan las protestas violentas y distintos enfrentamientos.

Según el recuento llevado adelante en el portal Alba Ciudad por Luigino Bracci Roa, en base al entrecruzamiento de información proveniente de los medios de comunicación, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Comunicación, se puede concluir que: 18 fallecidos transitaban cerca de manifestaciones de las que no participaban; 14 murieron en el marco de saqueos –ocho de ellos electrocutados en una panadería; seis en accidentes de tránsito provocados por barricadas; cuatro asesinados tras pasar o intentar pasar barricadas en vehículos; dos arrollados mientras bloqueaban vías; tres asesinados por disparos y dos en linchamientos –uno quemado vivo– por ser “chavistas”; tres militantes chavistas por presunto sicariato; dos manifestantes murieron mientras manipulaban explosivos; uno durante una riña interna de manifestantes opositores.

Hasta ahora, los casos donde han sido identificados como responsables de la muerte de manifestantes miembros de los cuerpos de seguridad son al menos nueve (en dos casos no eran manifestantes), por los cuales hay 34 efectivos procesados, detenidos o solicitados. También fueron asesinados por disparos cinco efectivos policiales.

Sobre los otros 25 casos hay controversias o falta de información. Prácticamente en todos ellos la oposición denuncia que las víctimas fueron provocadas por la represión policial o por supuestos grupos armados vinculados al chavismo. Sin embargo, se sabe que en al menos cinco de estos casos las muertes fueron causadas por esferas metálicas o metras disparadas por armas caseras, que fueron utilizadas en reiteradas ocasiones por los manifestantes opositores.

En medio de la escalada violenta, Maduro nombró el 20 de junio a un nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), nuevos comandantes del Ejército, la Armada y el Comando Estratégico Operacional y ratificó al general Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. El traspaso de mandos se hizo en un acto orgánico que demostró la unidad de los altos mandos militares y su subordinación al gobierno constitucional de Maduro.

 Golpismo

Los últimos planes develados mostraron que, mientras esperaba declaraciones condenatorias contra el gobierno venezolano desde la OEA –que sesionó del 19 al 21 de junio– la MUD mantenía acciones violentas dentro del país y pretendía lograr el 24 de junio pronunciamientos de altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) contra Maduro y la constituyente.

Por eso varios dirigentes opositores hicieron llamados públicos a la desobediencia civil y militar. “El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie”, afirmó Julio Borges, de Primero Justicia, en un mensaje dirigido a la Fuerza Armada, en el que prometió la presentación de “un gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela”.

La única manifestación golpista dentro de los organismos de seguridad –por fuera de la Fuerza Armada– ocurrió en la tarde del 27 de junio, cuando un inspector adscrito a la división de transporte aéreo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), robó un helicóptero en Caracas y atacó las sedes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el primer caso, disparó contra el edificio mientras se desarrollaba en la terraza un agasajo con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista, al que concurrieron 80 personas. En el segundo caso, fueron efectuados disparos y lanzadas granadas de origen colombiano y fabricación israelí, dos de las cuales explotaron en el jardín y una no estalló. El atacante grabó además un video para llamar al desconocimiento del gobierno constitucional y es investigado por sus vínculos con la CIA y el ex ministro del Interior Rodríguez Torres, de quien fue su piloto.

Dos días antes se habían organizado movilizaciones hacia las sedes militares de Caracas y varios Estados del país. El anuncio se hizo bajo la fachada de solicitar a la Fuerza Armada que “defienda al pueblo” y “baje sus armas”. Sin embargo, las protestas fueron en realidad ataques organizados que tuvieron como eje la base militar de La Carlota. Grupos encapuchados –muchos de los cuales están formados por mercenarios equipados y bien pagos– rompieron los barrotes que rodean el predio e ingresaron con bombas molotovs, morteros y explosivos caseros para atacar al personal militar. Quienes organizan estas acciones sólo pueden querer una cosa ante semejante provocación: un baño de sangre. Decenas de ataques a cuarteles militares y policiales tuvieron lugar desde abril en todo el país.

A esto se suman los destrozos e incendios diarios de edificios públicos de todo tipo, escuelas, centros de salud, transportes, ministerios, locales partidarios, saqueos de comercios, urbanizaciones sociales y otras infraestructuras. También hubo intentos de mantener territorios bajo control armado insurreccional, intercepción y destrucción de camiones con alimentos y en distintos puntos del país fueron denunciados ataques de bandas paramilitares, que luego de golpear se trasladan a otras ciudades o poblados.

Como parte del mismo plan, la noche del 21 de junio fue detectado un centro de operaciones de la oposición montado para penetrar la plataforma informática del Consejo Nacional Electoral (CNE), con complicidad de algunos trabajadores del ente. El objetivo era sabotear las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del próximo 30 de julio.

Frenar este proceso es hoy la principal meta de la MUD, que anunció “un plan de desconocimiento activo”. “No vamos a permitir que los centros electorales sean utilizados como instrumentos del fraude constituyente”, amenazó el dirigente Freddy Guevara. Para ello pidió sostener jornadas de protestas permanentes y simultáneas en todos los sitios, “hasta hacer inviable” el proceso electoral.

Conscientes de que las marchas opositoras cada vez son menos convocantes, sus dirigentes buscan radicalizarlas y generar miedo para que muchos venezolanos no vayan a votar el 30 de julio.

“¿Es constitucional aceptar que líderes de una fracción del país llamen a un golpe de Estado para acabar con un Gobierno e imponer a un gobierno que nadie eligió?”, preguntó Maduro al Poder Ciudadano, que integran el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General. Y se respondió: “Con los nuevos métodos de combate que he ordenado neutralizaremos, capturaremos y derrotaremos definitivamente todos los focos fascistas de la derecha, estén donde estén, para garantizar la paz duradera (…) Venezuela tiene que seguir su rumbo y su funcionamiento”.

La participación e impulso del proceso constituyente serán claves para el futuro de Venezuela. El 30 de julio es una fecha decisiva: socialismo o barbarie parecen ser las únicas alternativas.

Ignacio Díaz,
con informes de Roxana Martínez desde Caracas

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Los protagonistas de la Constituyente

En las elecciones del próximo 30 de julio serán elegidos 545 constituyentes en los ámbitos territorial y sectorial, a través del voto universal, directo y secreto. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quedará conformada por 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales. Este último ámbito comprende a ocho grupos: trabajadores (79 constituyentes); campesinos y pescadores (ocho); estudiantes (24); personas con discapacidad (cinco); indígenas (ocho); pensionados (28); empresarios (cinco), comunas y consejos comunales (24).

La inmediata activación de estos sectores abrió un importante debate nacional, que evidenció la voluntad mayoritaria de alcanzar la paz en medio de las actuales circunstancias sociales, políticas y económicas del país.

A lo largo del proceso se observó un importante acompañamiento a los precandidatos y fueron activadas multiplicidad de asambleas en calles, plazas, urbanizaciones, colegios, instituciones, universidades y otros espacios. “La constituyente va” es la consigna que prevalece entre los venezolanos que apoyan la iniciativa.

Voces de las calles

Jóvenes, artistas, cultores, deportistas, pensionados, comuneros, trabajadores de la industria, administración pública, construcción, comercio, banca, petróleo y minería, de la salud, periodistas, transportistas, han sumado voces y propuestas al debate. Muchos de ellos afirman que no se trata únicamente de la redacción de un nuevo texto constitucional, sino de la transformación del Estado, en virtud de las principales demandas de los sectores del país.

Apoyar el llamado del presidente Maduro e impulsar la participación popular fue lo que motivó a Virginia Rivero a postularse como candidata por los Consejos Comunales en la Parroquia Antímano de Caracas. Algo similar ocurrió con las personas con discapacidad que se han sumado a este proceso de carácter inclusivo. Entre las propuestas presentadas por el sector está elevar a nivel constitucional la Ley Especial para las Personas con Discapacidad.

Aníbal Coltat, candidato por el Distrito Capital, con discapacidad auditiva, ha propuesto la imperiosa necesidad de masificar el lenguaje de señas y su posible inclusión en el currículo escolar de los distintos niveles de educación. “Es una oportunidad importante para este sector… se nos da participación política y debemos mostrar que somos capaces, con discapacidad pero con mil capacidades”, expresó durante una asamblea en Caracas Soraida Ramírez, presidenta del Consejo Nacional para las personas con discapacidad.

Desde el sector estudiantil, que tendrá una importante representación con 24 constituyentes, una de las propuestas centrales presentadas es garantizar la gratuidad en todos los niveles educativos y defender la calidad de la educación pública.

Campesinos y pescadores coinciden en el necesario fortalecimiento de la soberanía alimentaria, que se apoya en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Como el resto de los sectores, los campesinos quieren reactivar, impulsar y fortalecer las distintas fuerzas productivas del país, a partir del aprovechamiento de las tierras fértiles.

Hasta ahora el esfuerzo estuvo puesto en explicar la necesidad e importancia de abrir un proceso constituyente en la actual coyuntura venezolana. El debate político y económico de fondo tomará mayor impulso una vez electos los miembros de la ANC.

Desde Caracas, Roxana Martínez

Tomado de América XXI

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